La política del siglo XXI

Septiembre 2001 - Núria Almiron

Cuatrocientos millones de personas utilizan en estos momentos la Red. Lo que empezó como un experimento académico y prosiguió como una herramienta libertaria se ha convertido hoy en día en un asentamiento colonizado por todos: ocio, comercio y trabajo. O, mejor dicho, por casi todos. La actividad política, la que pretende dirigir el destino de la Red, sigue teniendo lugar esencialmente al margen de ella y, sin embargo, los efectos que el uso de Internet puede tener en la esfera política pueden ser demoledores.
Los modelos que se dibujan en el aire son fundamentalmente de dos tipos. El modelo norteamericano apuesta por aumentar la democracia directa, es decir, que Internet se convierta en el instrumento que multiplique la participación de los ciudadanos en la política. El modelo europeo se contenta con utilizar Internet para mejorar la democracia representativa que tenemos en nuestros países, es decir, consultando sí a los ciudadanos pero abriendo menos instancias de decisión directa para ellos. Pero ¿qué significa llevar la política a Internet o, lo que viene a ser lo mismo, aplicar la revolución digital a la política?

La democracia electrónica

En términos prácticos, las ventajas que prevén tanto uno como otro modelo tienen efectos directos sobre todos nosotros, los ciudadanos. Por ejemplo, la simplicidad y rapidez del voto electrónico, tanto para el votante como para quién debe contar los resultados, debería permitir convocar elecciones y referéndums mucho más a menudo y que el ciudadano decidiera de forma directa sobre muchos más temas. Además, el desinterés creciente de la ciudadanía por la política podría combatirse porque el medio digital facilita la agrupación y contacto entre las personas, que podrían transmitir sus opiniones mucho más eficazmente y constituirse en grupos de presión con mayor o menor influencia. Si sabemos que nuestra voz va a ser oída más fácilmente tal vez ello nos motive a participar más activamente.

¿Otros ejemplos? Con Internet también es posible aumentar el grado de información política de los ciudadanos tanto sobre los temas de interés general como sobre la ideas que defienden los partidos y el perfil de sus candidatos. Los partidos podrían contar con una herramienta inmejorable para hacerse más transparentes y darse a conocer mejor. La facilidad de interacción entre ciudadanía y clase política podría permitir reducir la distancia creciente que se ha generado entre unos y otros, no sólo porque conoceríamos mejor a quienes nos representan, sino también porque los ciudadanos podríamos recuperar el liderazgo en la construcción de lo que se denomina la agenda política: la lista de temas a los que se dedica tiempo y recursos en una sociedad.

Evidentemente todo ello representa una visión muy optimista del futuro. La manipulación política, el fraude y la distorsión de la información (para por ejemplo captar votantes) también podrían explotar este escenario, pero el potencial de beneficio que entrañaría que los políticos incluyeran Internet en su esfera de actuación es real. De hecho, en lugares como Estados Unidos o los países nórdicos ya se están empezando a implementar algunos modelos de democracia digital. Es el caso de los foros de debate electrónicos formados por ciudadanos para ayudar a los políticos en la toma de decisiones. El objetivo no es otro que llegar a alcanzar soluciones mejores y es evidente que siempre hay más posibilidades de ello si en lugar de reflexionar un puñado de mentes (politizadas y burocratizadas en su mayoría) también lo hacen algunos centenares de ciudadanos susceptibles de verse afectados por la decisión tomada. De este modo, por ejemplo, todo un barrio en pleno podría participar en las elucubraciones previas a la construcción de un determinado equipamiento y en la decisión misma de su construcción. Algo parecido a lo que muy pioneramente han puesto en marcha algunos municipios brasileños, pero en versión digital y ampliada.

Ventajas versus discriminación

Las ventajas de una digitalización de la política son pues claras y ello sin contar con la eliminación de las barreras geográficas que las redes aportan. Sin embargo, este escenario tiene algunos puntos débiles. El principal es que se requiere estar conectado a la Red y, aunque cada vez hay más personas con ordenador personal e Internet en casa, es lógico pensar que todavía falta mucho para que todo ello pueda ser aplicable. El 15% de usuarios de Internet en España, por ejemplo, es un número claramente insuficiente. De todos modos, aunque una mayoría de la población estuviera conectada a Internet (en Estados Unidos y algunos países nórdicos lo está más del 50%), es evidente que utilizar la Red como canal de expresión política podría suponer una clara discriminación para todos aquellos que no están todavía conectados, o incluso un filtro social en la medida que el perfil de los no conectados responde a una tipología de personas que no estarían representadas en una democracia digital como ésta.
Para los detractores de la democracia electrónica, ampliar la participación de los ciudadanos a la política y la vida democrática en general no es beneficioso per sé. La falta de información o de formación del electorado sobre muchos temas le inhabilita para tomar decisiones razonadas y eficientes. Para poder solicitar a los ciudadanos su voto sobre los temas más diversos (que pueden ir desde la construcción de un pantano en un determinado lugar hasta el número de carriles que desean en una autopista) sería preciso dotarles antes de la información necesaria para que pudieran tomar una decisión razonada y justa. Ello es posible pero complica las cosas. Sea como sea, la política tampoco escapará a la digitalidad creciente de nuestras sociedades. Lo difícil es predecir cuando ocurrirá en los tiempos que corren.

En revista R- ©2001 Núria Almiron