Entre enero y junio de este año las 35 empresas
que componen el Ibex aumentaron un 42% de promedio sus resultados netos.
Esto significa muchísimos millones de euros más que el
mismo semestre del año pasado. La “lozanía”
de estas cifras —según calificación de la prensa
de referencia— procedería en gran parte de la reducción
de los costes o “ajustes de cinturón”, a tenor de
los más expertos (El País 2/8/2005). ¿De qué
costes? Pues de los de personal, principalmente. Está claro que
a los empleados de esas empresas no se les ha aumentado el sueldo un
42%. Bien al contrario, su sueldo ha sido contenido en aras del crecimiento
de los beneficios de la compañía (contención que
lógicamente no tiene por qué afectar a los directivos,
como ha venido a justificar la sentencia del caso de las indemnizaciones
millonarias del BSCH).
Dejando al margen el sentido que pueda tener que unos
pocos ganen tanto a costa de tantos otros, los periodistas deberían
preguntarse más por el trasfondo de esa “lozanía”.
Entre las 35 del Ibex, por ejemplo, habitan cinco entidades bancarias
que suman entre todas más de 5.110 millones de euros de beneficios
para ese primer semestre; y sólo BSCH y BBVA se quedan con el
85% de esa cifra. ¿A quién sorprende? Botín ya
anunció que a pesar de la compra del Abbey Bank (a cuyos empleados
ya les han empezado a “apretar el cinturón”) los
beneficios del Santander crecerán dos dígitos los próximos
tres años. Pero en el trasfondo de esos dígitos hay una
realidad acuciante que ni las fieles cuentas anuales de las entidades
pueden ocultar. Según los propios informes de los bancos, un
promedio del 10% de las sociedades declaradas por las principales entidades
bancarias están radicadas en paraísos fiscales. Y para
nada se trata de sociedades sin actividad o meramente tenedoras de acciones,
como justifican sus propietarios. La letra pequeña de los informes
anuales declara reservas, capitales y beneficios abundantes para muchas
de ellas. Sin contar con todo lo que no nos cuentan, que es mucho, tal
y como se puede comprobar comparando los informes que estas compañías
envían a los distintos organismos supervisores, entre los cuales
aparecen y desaparecen sociedades en el perímetro de consolidación
sin mayor explicación. Pero no son explicaciones lo que debe
exigirse a las entidades con filiales en paraísos fiscales. No
hay ningún interés lícito que justifique su presencia
allí. Por eso los acuerdos de intercambio de información
firmados por el gobierno español en junio con una decena de paraísos
fiscales no son ninguna solución, pues se limitan a pedir explicaciones,
además de ser una humillación para cualquier Estado legítimo,
al tratar como un igual a territorios alegales dispuestos para la evasión
fiscal y el ocultamiento de capitales. Attac ha propuesto una solución
mucho más simple y efectiva (y mucho más digna) al Ministerio
de Economía: no reconocer en España a las filiales y sociedades
offshore. Aquí sí que todos merecemos una explicación
si las autoridades no ponen medidas como ésta en práctica.
©
Núria Almiron, publicado en Cambio 16, nº 1760,
29 agosto 2005