El pasado septiembre el SCH desplazó a Telefónica,
históricamente la empresa con mayor valor en bolsa, como primera
compañía española por capitalización bursátil.
Al día siguiente de conocerse esta noticia pudimos leer que la
UNCTAD (la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)
situaba el SCH y el BBVA entre las 50 compañías financieras
con más activos en el extranjero (en los puestos 37 y 47 respectivamente).
Tan relevante información para las primeras espadas de la banca
española viene a sumarse a los buenos resultados experimentados
para el primer semestre de 2005 en los que el SCH (con la ayuda del
Abbey) creció más de un 35% y el BBVA (sin ayuda de nadie)
más de un 20%. Pero estas informaciones financieras que tan prestamente
hacen públicas los medios de comunicación no deberían
constituir más que la letra pequeña de los verdaderos
titulares y portadas en potencia, escatimadores reincidentes de la procedencia
real de una parte nada desdeñable de tanto lucro.
En septiembre, por ejemplo, también se dio a conocer
que el banco que canalizó los pagos de comisiones ilegales a
Pinochet a través de paraísos fiscales, el Coutts Bank,
es propiedad del SCH desde julio de 2003. La noticia de nuevo se centraba
en la letra pequeña, que el Santander colaboró con las
autoridades en la investigación de las cuentas, pero el trasfondo
era inmaquillable. El SCH compró en 2003 al Royal Bank of Scotland
la división latinoamericana de una entidad de gestión
patrimonial de las más veteranas en el Reino Unido, y de las
más aristocráticas —en realidad compró dos
sociedades, el Coutts (USA) International y el Coutts Securities. Al
banco español no podían serle ajenos los muchos vínculos
que el Coutts, como todos los bancos que gestionan grandes fortunas,
tenía con territorios offshore, en los que está especialmente
afincado —y es preciso recordar que en junio de 2004 el Coutts
(USA) International, ya en manos del SCH, tramitó el último
pago a Pinochet.
Como tampoco podía serle ajeno al Santander que
al adquirir el grupo Abbey Nacional estaba adquiriendo también
un importante paquete de entidades radicadas en paraísos fiscales.
Tanto es así que el considerable aumento del número de
sociedades consolidadas declarado por el Santander en 2004 (572 con
respecto a las 333 de 2003) mantiene la misma proporción de entidades
en paraísos fiscales que en el ejercicio anterior, casi un 11%.
Y ello según datos del propio banco suministrados a la Securities
Exchange Comisión (la CNMV estadounidense) y cuyas cifras revelan
que se trata de una presencia mucho menos anecdótica de lo reconocido
por la entidad: más del 12% de las reservas declaradas y casi
ese mismo porcentaje de los beneficios declarados del Santander en 2004
estaban en paraísos fiscales.
En realidad, la banca española hace muchos negocios en territorios
con legislaciones fiscales y tributarias laxas, cuando no inexistentes.
En 2004 y según datos de las memorias anuales suministradas a
los accionistas españoles (que, recuérdese, muestran sólo
la punta del iceberg), estaban radicadas en paraísos fiscales
el 11% de las sociedades del grupo BBVA, la misma proporción
de las del grupo La Caixa, el 10% de las del grupo Banco Popular y más
del 15% del grupo Sabadell Atlántico. Éste último,
también aparecía en la lista de bancos utilizados por
Pinochet en los Estados Unidos para abrir cuentas secretas en las que
acumulaba el fruto de un pillaje por todos conocido, pero no revelado
hasta que los Estados Unidos lo han permitido (gracias, todo sea dicho,
a la labor de un senador demócrata y a las nuevas disposiciones
de lucha antiterrorista de la Patriot Act, que permite perseguir delitos
monetarios que antes estaban vedados en la jurisdicción norteamericana).
Está demostrado que la banca offshore está
creada, gestionada y utilizada en una proporción aplastante por
la banca residente no offshore, y en concreto por las entidades líderes
en sus respectivos países o áreas geográficas.
La justificación para ello es inexistente, como se han avenido
a consensuar las principales autoridades internacionales (no sin muchas
dificultades). La persistencia de esta realidad sólo se debe
a la incapacidad de las autoridades políticas frente al poder
financiero. Pero la decisión es estrictamente moral, esto es,
política. Por ello, entidades como Attac proponen soluciones
tan simples como no reconocer en España a las filiales y sociedades
offshore de empresas financieras y no financieras. La opción
es técnicamente viable, sólo se necesita valentía
para defenderla, de los políticos principalmente pero también
de los medios de comunicación.
©
Núria Almiron, publicado en Diagonal, nº 15, octubre
2005