Las exigencias de un banquero sin autoridad moral

Núria Almiron

El autoengaño es la raíz de la hipocresía, afirmaba Kant. La farsa en la que se han convertido los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas, sin embargo, ya no engaña a nadie. En la falta de legitimidad de unos órganos que sólo se representan a sí mismos es donde radica la hipocresía de la merienda de negros que es el actual capitalismo financiero. Por eso son intocables. Como lo demuestra la respuesta que el sector económico cotizado da a cualquier intento de devolver los consejos a su origen, el de representar a todos los accionistas y dejar de ser gobernados por los particulares intereses de sus administradores —a menudo con menos del 5% de la propiedad—. El llamado código Conthe, el código de buen gobierno recién aprobado por la CNMV para regular los gobiernos corporativos de las empresas cotizadas, ha desatado una de estas reacciones. Las críticas de banqueros y empresarios provocaron un recorte substancial del proyecto inicial, lo cual no ha impedido que en la pasada Junta de Accionistas del SCH Emilio Botín tildará al proyecto de intervencionista y exigiera más autorregulación al gobierno para que sea el mercado y los accionistas quienes ejerzan el control.

Dado que el mercado y los accionistas han demostrado ser fácilmente neutralizables y que la autoregulación hasta hoy ha resultado en la merienda de negros antes descrita, las palabras de Emilio Botín —resumidas en que el “intervencionismo” de la CNMV amenaza “la unidad” de los consejos y supone un “coste” tremendo para las empresas— cobran un sentido inusitado. El peligro para la unidad viene a cuento del intento del código Conthe para que la figura del consejero independiente sirva realmente para defender los derechos de los mayoritarios accionistas minoritarios. Evidentemente, la introducción de consejeros realmente independientes rompería la unidad de gestión actual, pero es que eso es precisamente lo que se pretende. Lo cual no agrada al SCH porque varios de sus actuales consejeros independientes incumplen incluso el propio reglamento del SCH para ser considerados como tales.

En lo relativo al coste de las medidas intervencionistas el SCH sabe de qué habla. En sus memorias informa del elevado gasto que supone cumplir con la legislación norteamericana poniendo en evidencia dos cosas: una, que lo que cumple disciplinadamente en los EEUU lo critica en Europa y, dos, que los asesores legales que tramitan esas medidas tienen unas minutas de escándalo.

Botín, el empresario más influyente de España, está molesto y se lo hace saber al gobierno. Pero el consejo de administración del SCH —con una lista de problemas judiciales latente extensísima por malas prácticas de gobierno— no tiene autoridad moral para exigir más autorregulación y menos intervencionismo. Ni para alarmar pidiendo medidas urgentes para evitar la caída de la competitividad porque este año sólo prevea un aumento del 12,5% de los beneficios (que alcanzarán la por lo visto insatisfactoria cifra de 7.000 millones de euros). El gobierno debería tener esto bien claro.